Incautan teléfonos robados, objetos peligrosos y truchos en Balvanera
En un impresionante despliegue, 7 locales de una galería en la zona comercial de Once fueron clausurados y seis de los responsables de los comercios detenidos por venta de celulares robados, accesorios de marcas apócrifas y juguetes peligrosos para la salud, en el marco de una serie de inspecciones integrales a cargo de la Policía de la Ciudad y la Agencia Gubernamental de Control (AGC).
Según informaron, el valor del decomiso alcanza un valor estimado en el mercado de 1,2 millones de pesos, personal de la División Contravenciones y Faltas Contra el Orden Público de la Policía de la Ciudad junto a agentes de la AGC llevaron a cabo inspecciones en ocho locales de una galería ubicada en la avenida Corrientes al 2400.
https://www.youtube.com/watch?v=Q9u8gTXf4cM&t=1s
En el transcurso de los allanamientos, se secuestraron 45 celulares, 6 de ellos denunciados ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) por robo y los demás sin documentación respiratoria, 41 módulos, 25 carcasas, 479 accesorios con marcas apócrifas valuado 1 millón de pesos, y 116 juguetes sin sellos identificatorios de pruebas químicas lo cual representa un peligro para la salud, por un valor aproximado de 200 mil pesos.
Por otro lado, la AGC procedió a la clausura de siete locales por infracción y falta de habilitación y uno de ellos por violación de clausura.
En cuanto a la infracción a la ley de Comunicaciones, el caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 11, subrogado por el Dr. Julián Ercolini, secretaría 22 del Dr. Santillán, que dispuso la demora y luego soltura en el lugar y el secuestro de los teléfonos denunciados.
En cuanto a la Fiscalía Flagrancias Este, a cargo del Dr. Tropea, por intermedio de la auxiliar fiscal Dra. Mercurialli, ordenó el secuestro de la totalidad de elementos en infracción a los artículos 201 (venta de mercaderías peligrosas para la salud) y 289 inc. 1 (falsificación de marcas), la detención seis responsables de los negocios, de nacionalidades argentina, peruana, colombiana y venezolana), su traslado a la Oficina Central de Identificaciones (OCI) y luego alojadas en la alcaidía correspondiente donde quedaron a la espera de las diligencias judiciales.
